El PSOE de Córdoba afirma que la nueva ley de Memoria Democrática acabará con la insumisión de ayuntamientos conservadores

El vicesecretario general del PSOE de Córdoba Alberto Mayoral ha exigido al alcalde de Córdoba, el popular José María Bellido, que aplique la nueva ley de Memoria Democrática y acabe así con la insumisión que practica él y los ayuntamientos y administraciones gobernadas por el PP y otros partidos de derechas que “dejan caer en el olvido las leyes y normas de memoria histórica y democrática con una inacción premeditada que se traduce en recortes de fondos y dotaciones presupuestarias así como la supresión de programas e iniciativas memorialistas”.

Es el caso del Ayuntamiento de Córdoba que preside Bellido, nada más llegar al gobierno local incumplió la norma andaluza al restituir a tres calles de la capital el nombre que se les había cambiando en el mandato anterior en la Comisión de Memoria Histórica para dar cumplimiento de la ley 2/2017 de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. Se tratan de las calles Cruz Conde, anteriormente denominada Foro Romano; así como la Avenida Vallellano, antes Avenida del Flamenco, y la Plaza de Cañero, antes Plaza de los Derechos Humanos, todas ellas con rótulos que aluden a la dictadura de Franco.

Pero además, la inacción del Consistorio cordobés se ha cebado en la dilatación de los trabajos y en nuevos retrasos para la exhumación de restos de personas fusiladas por los franquistas durante la Guerra Civil en las fosas localizadas en los cementerios de La Salud y San Rafael, tareas que el Ayuntamiento de Córdoba ha anunciado este mes de julio que se iniciarían en octubre próximo en base a un convenio entre administraciones y a la llegada de fondos procedentes de Gobierno central.

Sin embargo, un informe de Intervención advierte a la Comisión municipal de Hacienda que “no hay ni anteproyecto del gasto ni cronología temporal de actuaciones que acompañen a la modificación de crédito” para el inicio de las actuaciones en las fosas, por lo que exime de responsabilidad al órgano en caso de no ejecución o reintegro.

4.000 REPRESALIADOS EN LAS FOSAS DE CÓRDOBA CAPITAL

En cualquier caso, Mayoral respalda a las asociaciones memorialistas de Córdoba que ven en este retraso “una nueva falta de respeto” y reclama el inicio de las exhumaciones “de una vez por todas” para identificar y recuperar los restos de los más de 4.000 represaliados que yacen en las fosas localizadas en los cementerios de la capital, así como poner en marcha la Oficina de Atención a los familiares de las Víctimas, que fue otro compromiso de la Comisión Municipal de la Memoria, también incumplido, y que es fundamental para la recogida de AND de las familias para identificar los restos.

Entre las medidas adoptadas por esta comisión y que aún no se han abordado por el Gobierno de Bellido figuran la retirada de simbología franquista de las calles, como el caso de la estatua a la Victoria frente a la Subdelegación del Gobierno, acciones de reparación a las víctimas y señalización de lugares y senderos de la Memoria Democrática.

“Ayuntamientos como el de Córdoba no han hecho más que seguir la estela de Moreno Bonilla al frente del Gobierno de la Junta de Andalucía, que en el pasado mandato ha dejado morir la Ley andaluza de Memoria Histórica y Democrática con una inacción premeditada que le ha sido marcada por la ultraderecha de Vox”, en palabras de Mayoral.

LA “INACCIÓN PREMEDITADA” DE MORENO BONILLA

“El Gobierno de Moreno Bonilla ha supuesto sepultar la Memoria en Andalucía apagando y dejando en el olvido la ley andaluza al dictado de la ultraderecha”, aseguró, quien censuró que su gestión se ha traducido en una reducción paulatina de los fondos para aplicar la ley, un nivel de ejecución ínfimo y el abandono de proyectos y arrinconamiento de órganos de tanta importancia como el Consejo Andaluz de la Memoria.

La práctica desaparición de las políticas públicas de memoria en Andalucía ha sido ocupada por las iniciativas del Gobierno de Pedro Sánchez. Alberto Mayoral reseñó que en poco más de un año, y a pesar de la pandemia, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática del Ministerio de Presidencia ha destinado a exhumaciones en Andalucía más de dos millones de euros, más que el total ejecutado en los tres presupuestos aprobados por el Gobierno de Moreno Bonilla para el total de actuaciones en Memoria Democrática.

“Desde el PSOE de Andalucía lo tenemos muy claro: la consideración tan importante de los principios de verdad, justicia y reparación no puede quedar sólo en el aire ni en los discursos; hay que trasladarlos a normas y leyes”, consideró Mayoral, por lo que puso en valor la ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía en 2017 que avivó las esperanzas de las víctimas y supuso en sólo año y medio con el anterior gobierno socialista en la Junta un intenso trabajo en el desarrollo y cumplimiento normativo con, por ejemplo, el inicio de exhumaciones de fosas comunes, identificación de víctimas con pruebas de ADN en colaboración con las universidades, la retirada de símbolos contrarios a la memoria democrática, o la constitución de órganos de asesoramiento y distribución de ayudas, entre otros.

Asimismo, el vicesecretario general del PSOE de Córdoba aplaudió la reciente aprobación en el Congreso de la Ley de Memoria Democrática que amplía la de 2007 y que “sitúa a las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista en el centro de la acción pública para darle rango de Estado a lo que queremos que sea un derecho, el derecho a la reparación y a la protección de las víctimas”.

SANCIONES CONTRA LOS INCUMPLIMIENTOS

Mayoral recordó que a Ley de Memoria Democrática recoge castigos de entre 200 euros y 150.000 según los incumplimientos de sus mandatos se consideren infracciones leves, graves y muy graves. Entre las conductas más castigadas están las de aquellas autoridades que no impidan «la realización, en espacios abiertos al público o en locales y establecimientos públicos, de actos de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la Guerra o de la Dictadura, de sus dirigentes…».

El principal aludido en esta advertencia legal es el estamento municipal; y también el autonómico. Son los dos ámbitos donde más se ha refugiado el homenaje a la dictadura y sus dirigentes. Las sanciones están previstas y la competencia para sancionar es de la Secretaría de Estado de Memoria, por tanto, ya no serán los ayuntamientos de un color u otro quienes justifiquen la inacción con un incumplimiento que, hasta ahora, les salía gratis. También abunda la ley en la pervivencia de símbolos de la dictadura en edificios oficiales y de placas en las calles, cuya decisión última de retirada corresponde a los consistorios, que ahora estarán más cercados por la ley.

IMPULSO DE LA MEMORIA EN LA EDUCACIÓN

Por su parte, el secretario de Memoria Democrática de la CEP de Córdoba, Pedro de la Fuente, precisa que la aprobación de la Ley de la Memoria Democrática supone “el avance definitivo y necesario para el reconocimiento de la verdad de todas las víctimas de la guerra civil y dictadura franquista”, buscando el total esclarecimiento de delitos y facilitando la búsqueda que no cesa de personas desaparecidas, al tiempo que indica que la nueva norma “permite conseguir justicia, investigando y sancionando cualquier hecho que violara los Derechos Humanos en ese periodo de tiempo” y consigue un “reconocimiento y una reparación real” por parte del Estado a las víctimas, con especial atención a las mujeres. Además, celebra que ley impulse la Memoria en la educación, esencial para fomentar los valores democráticos en nuestros jóvenes.

De la Fuente informa de que los trabajos de exhumación de fosas comunes, “por ejemplo los que se están llevando a cabo en Hinojosa del Duque y Puente Genil, son un ejemplo claro de la necesidad de una Memoria Democrática amparada por una ley fruto del consenso, tras las deficiencias detectadas desde la aprobada en 2007 y con las aportaciones de las asociaciones memorialistas”.

“Quien no crea en la memoria democrática y en la aplicación de sus leyes debería escuchar a los familiares que por fin tienen los restos de sus familiares asesinados, que les mire a los ojos y oiga lo que sienten; que hablen con quien ha recibido algún reconocimiento o indemnización por haber sido víctima de la represión franquista y de la dictadura; o con quien haya conseguido la nacionalidad española gracias a estas leyes; que eche una mirada a los archivos recuperados, a nuestra historia recuperada y hecha pública; que se pregunte por qué los jóvenes se sorprenden al visitar exposiciones o escuchar charlas sobre un pasado que desconocen por un olvido intencionado en su educación. Quien está en contra de las leyes sobre memoria histórica, tendría que dejar claro el por qué”, opina el secretario de Memoria de la Ejecutiva socialista, que remacha que “esta ley no crea enfrentamiento; esta ley da justicia”.